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A través de las secretarías de Movilidad, Gobierno y Jurídica, y del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), junto con otras entidades distritales, la Alcaldía de Bogotá presentará hoy, 1 de agosto, un proyecto de acuerdo ante el Concejo para reformar el estatuto de cobros por valorización en la ciudad.El cobro por valorización es una forma de financiar obras de infraestructura vial o de espacio público que sean de interés local o general y se le aplica a los propietarios y poseedores de bienes inmuebles en las áreas de influencia por los beneficios que traerán los proyectos una vez terminados.
La iniciativa de la Administración de Claudia López busca actualizar el estatuto vigente, que es anterior a la Constitución de 1991 (Acuerdo 7 de 1987) y no incluye la participación ciudadana, aunque las obras tengan un impacto directo sobre la comunidad, establecimientos comerciales y empresas. Cuenta con 30 folios y 51 artículos desarrollados en tres capítulos.
Bajo la actual normativa, las obras son cobradas de forma anticipada a los ciudadanos, pero se comienzan a ejecutar años más tarde o se contratan y no se terminan, o incluso son aprobados en el Concejo y nunca se realizan. Esta mecánica afecta principalmente a los ciudadanos, que son obligados a realizar un pago por un beneficio que no reciben.
De tal manera que en el nuevo estatuto de valorización propuesto por la Alcaldía, las obras ya no se cobrarían antes de ser construidas, sino durante su desarrollo, siempre y cuando lleve al menos el 50% de su ejecución física, o después de terminada toda la construcción y cuente con el acta de recibo de obra.
Adicionalmente, busca incorporar un descuento que podría ser del 10% para las contribuciones de aquellos predios de comercio que estén directamente en los frentes de obra. Se haría a través del IDU o de la Secretaría de Hacienda por medio de una reducción en el impuesto predial
Según el Distrito, la nueva propuesta recoge una experiencia de tres décadas en el desarrollo de obras de valorización y lo más reciente que ha ocurrido desde el Acuerdo 724 de 2018.
“Los cambios planteados van desde los requisitos en diseños y autorizaciones por parte de las empresas de servicios públicos, antes de ser presentados para aprobación, hasta la forma de recaudar, que incluye además un esquema para devoluciones y descuentos para las y los contribuyentes”, dijo la Alcaldía.
Otro de los cambios que propone el proyecto de acuerdo es que exista la posibilidad de devolver los recursos a la ciudadanía por los proyectos no ejecutados en etapa de construcción, por la declaratoria de la caducidad de los contratos de obra o terminación anormal de los mismos.
Uno de los puntos clave de la iniciativa del Distrito es que este tipo de obras no se puedan proponer en el Concejo si no están en el plan de desarrollo del alcalde de turno y en el Plan de Ordenamiento Territorial. Además, se exigirá que los proyectos ya cuenten con los diseños y estudios definitivos, es decir, que ya estén en fase 3.
Con esto se busca corregir un problema recurrente que ha tenido la ciudad: se proponen obras de valorización sin planeación y sin los estudios de prefactibilidad y factibilidad, con lo cual el alcance y el valor definitivo pueden variar, lo que afecta el costo final, la financiación y la ejecución misma.
Además, obliga a que las obras cuenten con permisos de tránsito y de las empresas de servicios públicos. Por último, el proyecto de acuerdo planea que los ciudadanos puedan participar desde el momento en que se empiecen a definir los proyectos hasta el seguimiento de los mismos a través de veedurías ciudadanas.