Revelan reunión orquestada por la fiscal Luz Adriana Camargo para presuntamente cambiar delitos a miembros de la Primera Línea en Bogotá.

ASI LO DENUNCIO LA REVISTA SEMANA

La orden de la fiscal Luz Adriana Camargo, de acuerdo con los detalles de una reunión que se realizó en el mes de junio de este mismo año, era modificar un delito imputado a 11 integrantes de la llamada primera línea en Bogotá y acusados de terrorismo.“La fiscal no está contenta con esa acusación”, dijo un invitado a esa reunión en la que participó la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo; la coordinadora de los fiscales, delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Zenaida de Jesús López; el jefe de la Unidad Justicia Transicional, Juan Andrés Cano, y dos fiscales de la Seccional de Bogotá.

El propósito de la reunión era, al parecer, llevar un mensaje de la jefa del ente acusador. Sin titubeos, la indicación, directa y perentoria, era cambiar el delito: terrorismo por asonada. Así, sin más, convertir los actos de destrucción y el terror que vivieron los ciudadanos en Bogotá en un mero hecho de rebeldía de jóvenes inconformes.

Quienes participaron en la reunión escucharon claramente que la orden tenía como objetivo beneficiar a los procesados, los mismos que fueron investigados por más de dos años y que quedaron en videos e interceptaciones, mientras organizaron, planearon y ejecutaron ataques en contra de TransMilenio, edificios públicos y la misma ciudadanía.

La idea de cambiar el delito de terrorismo o firmar el principio de oportunidad no obtuvo mayorías en la reunión y el mensaje de regreso a la fiscal Luz Adriana Camargo se convirtió en la talanquera a los beneficios que buscaban para los 11 capturados, todos con expedientes llenos de pruebas suficientes para lograr una condena en su contra.

Pero la respuesta a la negativa de las fiscales llegó con la firma de la misma fiscal Camargo. Una resolución que creó un grupo de tareas especiales en la Unidad de Justicia Restaurativa, la misma que, según el documento, solicitó la variación de la asignación del expediente contra los 11 capturados, tras advertir que forma parte de su competencia.

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Así las cosas, como la fiscal general Luz Adriana Camargo, de acuerdo con lo que se dijo en la reunión, no estaba contenta con la acusación de terrorismo y las fiscales del caso se negaron a cambiar el delito o firmar un principio de oportunidad, el atajo fue quitarles el proceso a los investigadores en una etapa crucial: la acusación.

Con la Resolución 0171 del 16 de junio de 2026, firmada por Luz Adriana Camargo, el expediente saltó de despacho, sin mayores explicaciones. Semanas después, la fiscal que tenía la acusación lista contra la primera línea por delitos que incluían el terrorismo fue retirada de la Fiscalía. “La sacaron y también trasladaron al director seccional por negarse a ofrecer los beneficios a delincuentes de la primera línea”

“La actuación se relaciona con hechos ocurridos en escenarios de protesta social, que exigen armonizar dos mandatos constitucionales. Por un lado, el deber de la Fiscalía de adelantar el ejercicio de la acción penal… y, por el otro, la protección reforzada del derecho a reunirse, manifestarse pública y pacíficamente”, señala la resolución.

Los argumentos de la Fiscalía que califican los actos de terrorismo como manifestaciones pacíficas parecen un chiste comparado con lo que la misma Fiscalía logró probar en el caso de los 11 capturados, los mismos a los que esperaban beneficiar con el cambio de delito o el principio de oportunidad.

Una vez se conoció el adefesio de esa resolución, TransMilenio y la Universidad Nacional se constituyeron como víctimas en el proceso, pero terminaron sorprendidos con una nueva decisión de la Fiscalía: ofrecer un acuerdo a los 11 capturados que meses atrás señalaron de incendiar buses, destruir estaciones de TransMilenio y amenazar a ciudadanos con machetes; es decir, terrorismo. Lo insólito es que los acuerdos contemplan penas de entre cinco y siete años de prisión, incluso en los casos más complejos. A algunos procesados les retiraron el delito de terrorismo y, a quienes se les mantuvo, les redujeron el grado de responsabilidad de autores a cómplices.

El acuerdo incluye una reflexión jurídica de la Fiscalía, que deja un tufo extraño. Presentan el acuerdo, pero insisten en que los hechos materia de investigación de la misma Fiscalía no pueden criminalizar la protesta social: “Se reitera que la presente acusación no pretende criminalizar la protesta social ni el ejercicio de libertades públicas constitucionalmente protegidas”.

Los acuerdos no pudieron esconder lo evidente y, entre párrafos, parecen ser documentos distintos con intenciones diferentes. Mientras en un lado advierten la gravedad de los hechos, en otro aseguran que no hay pruebas para demostrar terrorismo, por lo menos en grado de autoría.

“Le muestra una papa bomba al conductor y le manifiesta: ‘Necesitamos este bus rápido y no queremos hacerle daño’, empezó a lanzar papas bombas contra el piso frente al bus para intimidar a los pasajeros y al conductor. Con un machete procede a romper los vidrios del bus por los lados”, advierte el acuerdo y al mismo tiempo resalta que “no alcanza el estándar exigido para el delito de terrorismo”.

La investigación de la Fiscalía duró más de dos años. Los agentes de la Sijín recuperaron las pruebas y los fiscales avanzaron con la judicialización. Fueron 11 los capturados y esperaban obtener una condena conforme a la gravedad de los hechos, pero no contaban con que la misma Fiscalía frustraría ese propósito.

Un detalle saltó en esa negociación. La Fiscalía informó a las víctimas, con apenas 12 horas de anterioridad, que presentarían los acuerdos ante los jueces, un plazo que no dio tiempo de revisar en detalle lo que incluían los acuerdos: unos argumentos que parecían contradicciones en un solo texto. Primero, señalaron la gravedad de los hechos, y luego explicaron que no había pruebas de terrorismo.

Hace una semana la Fiscalía formalizó los acuerdos ante una jueza y apenas siete de los procesados aceptaron los cargos enumerados en la negociación. La defensa solicitó reservar la audiencia y la jueza aceptó, algo que las víctimas reprocharon y que incluso se convirtió en una tutela para insistir en que el país debe conocer los alcances de los acuerdos propuestos por la Fiscalía.

Lo que seguramente será objeto de reproche es cómo, para la Fiscalía, atacar a un conductor con bombas molotov, papas explosivas, quemar un bus, amenazar con machete a los ciudadanos, preparar bombas y destruir las estaciones de TransMilenio no son actos de terrorismo, sino expresiones de protesta social,cuando por mucho menos la Corte Suprema de Justicia condenó por ese delito (terrorismo) a Epa Colombia por usar un martillo y grabarse en el delito.