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La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para proteger los derechos de los niños y las niñas; y recordó las alertas que se han hecho entorno a este tema.
Este lunes 2 de agosto, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que en las horas de la tarde, fueron encontradas las dos adolescente, Merli Yulieth Ortega García de 15 años y Yolima Alejandra Ortega García de 13 años, que habían sido retenidas por sujetos desconocidos en la mañana cuando se dirigían al colegio en el municipio de La Hormiga, en el departamento del Putumayo; según dieron a conocer los habitantes de la zona.
“Las menores estaban un poco sucias, al parecer les tocó caminar bastante, las autoridades se desplazaron al lugar y ya están en la estación de la Policía con sus familiares, gracias a Dios aparecieron, todos estábamos muy preocupados por ellas”, dijo Jhon Rosero, alcalde de Valle del Guamuez.

En este sentido, el mandatario local señaló que aún no se puede determinar o acusar alguna estructura criminal armada o a alguien, pues se debe esperar los resultados de la investigación liderada por las autoridades.
“No podemos hablar si fue un grupo o alguna persona, sería irresponsable de nuestra parte, es un trabajo de las autoridades y hay que esperar las investigaciones pertinentes ante este caso, lo que podemos decir es que las dos menores están sanas y salvas”, agregó.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo exigió una vez más a los criminales dejar fuera del conflicto a niños, niñas y adolescentes. El importante mencionar que el reclutamiento forzado y secuestro de menores aumento en los últimos años, según cifras oficiales.
“La Defensoría del Pueblo ha sido reiterativa en que la población civil y, en especial los niños, niñas y adolescentes, deben quedar fuera del conflicto armado de acuerdo a los principios del Derecho Internacional Humanitario”, precisó el funcionario.

Finalmente, recordó que en el municipio de La Hormiga persisten las situaciones y que por eso la institución creo la Alerta Temprana 013 de 2021: “Solicitamos a las autoridades acoger las recomendaciones contenidas en dicho documento y que se tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos de la población civil”, concluyó.